Estos días la prensa y la televisión hablan mucho del banco malo, y como sucedió con la prima de riesgo o el bono, estos términos económicos empiezan a entrar en nuestro lenguaje diario. En resumidas cuentas un banco malo es un banco receptor de los activos tóxicos que están en manos de entidades financieras y que muy difícilmente podrán quitarse de encima debido a las pésimas condiciones en las que se encuentran. Esto al cambio serían las hipotecas de dudoso cobro o las operaciones inmobiliarias con carácter especulativo fruto de la burbuja de los años de bonanza.
Hablando de forma directa, el Estado (es decir, el contribuyente) compraría estos pufos del ladrillo a un precio reducido y se haría titular de los mismos, que luego vendería o cedería para recuperar la cantidad o parte de la cantidad del inmueble, así la entidad financiera estaría saneada y por tanto podría de nuevo entrar en el círculo económico de concesión de créditos, que es uno de los problemas que tiene nuestra economía, la sequía crediticia.
Pero claro, estas operaciones no están exentas de polémica, ya que el contribuyente está pagando los errores de las entidades financieras, además, en un momento de profunda crisis económica, lo que eleva si cabe la sensación de injusticia entre la ciudadanía que no está en muchos casos de acuerdo con este tipo de decisiones. Lo cierto, sin embargo, es que la mayoría de países del entorno han utilizado esta práctica a raíz del estallido financiero mundial de 2008 donde empezaron a quebrar importantes bancos a partir de la concesión de hipotecas subprime, primero en Estados Unidos y luego en países europeos como Holanda, Alemania o Reino Unido.
También las empresas inmobiliarias ponen el grito en el cielo, ya que si bien es cierto, muchas han quebrado, las que quedan en pie alegan que esta ayuda del Estado es un gravamen comparativo que atenta contras las normas básicas de competencia.
El tiempo dirá si esta decisión fue acertada o no, lo cierto es que las cantidades que maneja el Ministerio de Economía y Competitividad son de infarto, también porque la crisis inmobiliaria ha hecho más mella en nuestro país que no en otros, se habla de una cantidad que en ningún caso pasaría de los 90.000 millones de euros y que a partir del séptimo año de ejecución del SAREB (nombre que el Gobierno ha dado al banco malo) se notarían los beneficios, también el mismo ejecutivo explica que esto no afectará a la deuda pública (permítanme que lo dude) y que esta nueva sociedad pagará a las entidades con bonos. Muchas incertidumbres y mucha polémica, ya que también los bancos grandes como BBVA o Santander son escépticos, pues consideran que ellos no han inflado tanto sus carteras de patrimonio inmobiliario y no quieren ensuciar su imagen acudiendo a este tipo de sanatorios financieros.
El éxito o fracaso de este banco malo dependerá de muchos factores. El más importante de ellos, la tasación del valor, si los activos tóxicos reciben un valor superior al valor real, además de una injusticia para el contribuyente, no conseguirían atajar el problema ya que la demanda y la oferta estarían viciadas y por tanto no serían cifras naturales a exigencias del mercado.
Es decir que entre todos pagaremos la mala gestión de los bancos mientras Botín se irá de rositas... que pena que nos seamos Islandia.
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