Una de las noticias más sonadas de estos últimos días es la reforma del Gobierno para elevar la edad mínima de consentimiento sexual, no confundir con sentimiento sexual, pues es otra historia, pasando de los 13 años actuales a los 16, este incremento además viene precedido de una serie de polémicas reformas y cambios legislativos que afectan al aborto y que desde mi punto de vista suponen una involución en todos los sentidos.
Es evidente que estos temas nunca son objetivos y que existen múltiples sensibilidades, dependiendo de la ideología, de la religión o simplemente del enfoque ético de cada persona, y que por tanto se pueden herir sensibilidades, ahora bien, los políticos y las personas que se encargan de legislar deberían tener mucho cuidado al respecto ya que están entrando en temas muy personales, afectivos incluso, donde la interpretación puede ser errónea y por tanto la aplicación penal puede conllevar a terribles injusticias personales.
En concreto la reforma llevada a cabo por el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón (Madrid, 1958) introduce penas de prisión de hasta 12 años incluso en el supuesto de la que la relación fuera acordada, la misma ley acuerda que no habrá delito si la edad es similar (sin especificar nada) y si consideran a los sujetos en su desarrollo o madurez, concepto muy complicado de interpretar a efectos jurídicos ya que la misma ley no establece nada al respecto y crea una gran laguna legal en este sentido, tampoco la ley establece que entiende por relación sexual, no es lo mismo una simple masturbación que una penetración vaginal o anal, es más, hasta un tocamiento consentido se podría interpretar como una práctica sexual, según el rasero personal.
Cabe recordar que con la nueva legislación y cambios del Código Penal, se equiparan estas prácticas sexuales con abusos sexuales y agresiones a menores, lo que viene siendo una violación hablando en Román Paladino, ya que se supone que el menor (ahora con 16 años) no está facultado para consentir una relación, lo que abre la puerta a muchas denuncias que podrían ser falsas, imaginemos el caso de una adolescente que previamente habiendo consentido la práctica sexual denunciase, o lo hiciesen sus padres, a su compañero acusándole de infringir la ley, con el nuevo Código Penal en la mano este caso tendría unas consecuencias fatales si el juez hace una interpretación estricta, de ahí como decía al comienzo, las consecuencias de muchas decisiones judiciales podrían ser muy injustas, y no es que desconfíe de los jueces, pero si la ley parte con tantas lagunas y está tan alejada de la realidad sociológica de España la aplicación será complicada.
Mi petición a la clase política es que no ponga puertas al campo y ajusten la legislación a los tiempos actuales, así como destinen fondos y esfuerzos a la educación sexual para menores y adolescentes, esto no es incompatible para nada con ofrecer también valores religiosos, de hecho esto no debería ser una batalla entre ateos y religiosos, sino un debate entre ciudadanos. De no actuar así las consecuencias, también sanitarias, serán peores y nos arrepentiremos.
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